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Fue la ordenanza de civismo aprobada recientemente por Lleida, que faculta a la Guardia Urbana para sancionar tanto a las mujeres que ejerzan esta actividad en la calle como a los clientes que las contraten con multas de entre 300 y 3.000 euros, la que desplazó a muchas prostitutas hacia la vecina población de Alcarràs, a unos ocho kilómetros en dirección a Zaragoza, para evitar las sanciones. Este hecho originó un problema social al tratarse de una localidad de unos 8.000 habitantes.
Apenas producirse el desembarco de las primeras prostitutas en Alcarràs, Serra ordenó a los servicios jurídicos del Consistorio que elaboraran un reglamento contra la prostitución que fuera una copia idéntica del texto de Lleida. La nueva ordenanza fue aprobada ayer y entrará en vigor dentro de un mes.
Apenas producirse el desembarco de las primeras prostitutas en Alcarràs, Serra ordenó a los servicios jurídicos del Consistorio que elaboraran un reglamento contra la prostitución que fuera una copia idéntica del texto de Lleida. La nueva ordenanza fue aprobada ayer y entrará en vigor dentro de un mes.
Fuente: El País, 27.03.09
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